- La iniciativa promovida por la diputada Rosa Elena Trujillo prohíbe en Sonora los Ecosig, las mal llamadas terapias de conversión y fue aprobada por la mayoría de los integrantes de las y los diputados del Congreso del Estado
Hermosillo, Sonora.- En Sonora ya no será posible practicar Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), o de lo contrario se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de terapia reparativa o de conversión, tratamiento, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona mediante tortura, violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana. La persecución de este delito se iniciará por denuncia.
Se aumentará al doble la sanción prevista en el párrafo que precede, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de dieciocho años, adultos mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad física o mental. Igualmente, si hay relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima. Quien se valga de función pública para cometer el delito.
Las personas profesionales, técnicas o auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien terapias reparativas o de conversión, tratamientos o cualquier tipo de servicios o prácticas, quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años.
Lo anterior al aprobarse el día de hoy, por el Poder Legislativo, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Salud, ambos del Estado de Sonora, presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos conformada por los y las diputadas: Diana Karina Barreras Samaniego, María Jesús Castro Urquijo, Beatriz Cota Ponce, María Alicia Gaytán Sánchez, Ernesto Roger Munro Jr., Ivana Celeste Taddei Arriola y diputada integrante y promovente de la iniciativa Rosa Elena Trujillo Llanes, de Movimiento Ciudadano Sonora.
De acuerdo al dictamen, leído por la diputada promovente, se señaló que de conformidad a lo previsto en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Estados Unidos Mexicano se contempla la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Sin embargo, durante mucho tiempo en materia de discriminación las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTTTIQ+) han estado sujetas a formas intensas de marginación y de exclusión social y política. Esta situación, ha sido justificada con base en concepciones según las cuales, las personas con una orientación sexual o una identidad de género distinta a la convencional, debían ser consideradas anormales, enfermas o inmorales.
En la década de los 90’s la Organización Mundial de la Salud suprimió a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (ICD-10) y en el transcurso de los últimos años diversas organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+ en México, han denunciado casos de personas que han sido sometidas a lo que se ha llamado Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
Dichas prácticas, son acompañadas de conductas como la privación de la libertad, tortura, violaciones correctivas, “terapias” de conversión o reparativas, medicalización de los cuerpos, violencia económica y rechazo familiar.
En 2015, el grupo de expertos en derechos humanos de la ONU declaró que las supuestas “terapias” que buscan “modificar” la orientación sexual o identidad de género sobre jóvenes LGBTTTIQ+ son carentes de ética, sin bases científicas e ineficaces, además de poder llegar a la tortura.
En México, en términos del diseño institucional con el que se cuenta, existe el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de MÉXICO (COPRED) quien, en 2014, emitió una opinión consultiva declarando que la homosexualidad no puede ser susceptible de tratamientos de sanación, cambio, curación o enfermedad.
